El discurrir histórico de la España contemporánea dibujó una entrecortada senda debido a que el afianzamiento del nuevo orden liberal, a partir del segundo tercio del siglo XIX, chocó con múltiples resistencias emanadas de distintos flancos (carlismo, poderes fácticos, viejos estamentos privilegiados). Las manifiestas interferencias entre los poderes civil, militar y religioso se traducen a lo largo de dicha centuria en una cadena de desencuentros y tensas relaciones entre la Iglesia y el Estado (proceso desamortizador), unidos a intermitentes pronunciamientos militares de matiz conservador o progresista, artífices de los relevos gubernamentales y los sucesivos vaivenes constitucionales. Fracasada la experiencia democrática del Sexenio Democrático, tan esperanzadora como meteórica (1868-1874), el régimen oligárquico de la Restauración introdujo a España en el umbral del siglo XX sin consolidar el ensayado bipartidismo ni asentar un sistema de partidos garante de la reclamada estabilidad en la vida pública.

La falta de una correcta ubicación institucional, a estas alturas de la contemporaneidad, junto a los llamativos reveses extrapeninsulares cosechados en las últimas décadas (el desastre colonial de 1898, Annual y otros sonados fracasos en la guerra de Marruecos), provocaron una paulatina militarización de la monarquía de Alfonso XIII hasta desembocar en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El pretorianismo militar patente en la nueva centuria, arrumbado el régimen democrático republicano mediante una cruenta Guerra Civil (1936-1939), alcanzó sus máximas cotas de protagonismo con el caudillaje del general Franco, persistente por espacio de cuatro décadas hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975.

A partir de entonces, merced a un atípico proceso de autoinmolación parlamentaria, las viejas Cortes franquistas de inspiración corporativa otorgaron vía libre al proyecto de reforma política, principal ariete de la transición pacífica a la monarquía de Juan Carlos I. Superadas con esfuerzo algunas asignaturas pendientes (desajustes de orden político y socioeconómico), la España de 1996, un país con 39 millones de habitantes al haber cuadruplicado su población durante estos dos siglos, pese a la tardía revolución demográfica, disfruta desde hace veinte años de una probada solvencia democrática.

Crisis del Antiguo Régimen y nacimiento constitucional (1808-1833)
Los sucesos revolucionarios acaecidos en 1789 al otro lado de los Pirineos, asustaron a los dirigentes españoles y provocaron un vuelco en la trayectoria reformista borbónica, empeñada en modernizar el país y acercarlo a Europa después de años de introspección y obligado repliegue. El motín de Aranjuez y las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII (llamado ‘El Deseado’) en Bayona a favor de Napoleón Bonaparte sumieron al país en una profunda crisis dinástica, a la vez que las tropas francesas, al amparo del Tratado de Fontainebleau, invadían la península con la excusa de un supuesto avance hacia Portugal. En medio de tanta confusión y vacío de poder, apenas una minoría sabrá aprovechar la delicadeza del momento para, en lugar de reclamar el retorno de ‘El Deseado’, acabar con el viejo orden y dar una réplica constitucional al Estatuto de Bayona, la carta otorgada jurada por José I en julio de 1808.

La etapa comprendida entre 1808 y 1814, marco cronológico de la guerra de la Independencia contra Francia y arranque convencional de la contemporaneidad española, se caracteriza por su permanente inestabilidad y los desequilibrios internos derivados del conflicto bélico y del poder bicéfalo existente en la península: por un lado, la solución oficial napoleónica que desde la aludida legitimidad coloca a José Bonaparte, hermano de Napoleón, en el trono de España, y por otro, el movimiento de las Juntas de resistencia aclamado por el pueblo y expandido por el reino hasta su consumación en las Cortes de Cádiz, símbolo de la resistencia nacional. Allí se irá fraguando, a partir de 1810, una importante reforma política, cuyo fruto más granado fue la Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, primera en la historia de España y una de las primeras del mundo. Ante la sorpresa de muchos, este renqueante país mediterráneo, típico representante del Antiguo Régimen, se convirtió de la noche a la mañana en abanderado del liberalismo constitucional, con innegable proyección exterior, sobre todo en la órbita americana.

El retorno de Fernando VII en 1814 truncó las ilusiones reformistas dando paso a un anodino reinado que se prolongó hasta 1833, caracterizado por la recuperación del más puro absolutismo, salvo el pequeño inciso correspondiente al Trienio Liberal (1820-1823). La histórica frase pronunciada por Fernando VII tras el levantamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), “marchemos todos francamente y yo el primero por la senda constitucional”, pronto se demuestra incompatible con sus verdaderas intenciones. La ayuda de la Europa reaccionaria, materializada en el envío de tropas francesas al mando del duque de Angulema durante la primavera de 1823 (los denominados Cien Mil Hijos de San Luis), puso punto final a esta experiencia constitucional y cedió el paso hasta 1833 a la ‘Década Ominosa’, según el calificativo acuñado por la historiografía liberal. En el camino quedan las tristemente célebres depuraciones (‘purificaciones’), un ejemplo de la represión ejercida con los liberales —también en su momento con los afrancesados—, muchos de los cuales inauguraron un zigzagueante exilio político, convertido luego en una práctica recurrente de la España contemporánea.

El reinado fernandino, marcado por el desgaste personal de continuos desfiles ministeriales y la ausencia de alternativas en la resolución de los agobios presupuestarios, tuvo en la mediocridad su nota más destacada. La progresiva emancipación de las colonias americanas, aprovechando la flagrante debilidad de la metrópoli, contribuyó con la pérdida de mercados y descapitalización estatal, a desgastar la imagen de una España sin timón y en total bancarrota. Prueba de ello es que, al cierre de este primer tercio del siglo XIX, del viejo imperio ultramarino apenas restan Cuba y Filipinas, en vías de segregación. De ahí que no resulte extraño el colofón de tan irresoluto mandato: una compleja crisis sucesoria, delicada herencia que recibió el pueblo español a la muerte del rey, en septiembre de 1833, causante de tres guerras civiles entre carlistas y liberales a lo largo de la centuria decimonónica.

El contencioso entre los partidarios de Isabel II, hija de la regente María Cristina de Borbón y heredera del trono por la Pragmática Sanción de Fernando VII, derogatoria de la Ley Sálica, y los partidarios de Carlos María Isidro, hermano del monarca y presunto sucesor a la corona hasta las postrimerías del reinado, originaron las Guerras Carlistas, conjunto de conflictos que superan con mucho la sencillez interpretativa de un mero conflicto dinástico. Bajo este enfrentamiento de alcance mayoritariamente catalán y vasco se esconden, entre otros complejos ingredientes de guerra de religión, guerra de guerrillas y defensa foralista de privilegios locales, dos maneras contrapuestas de entender el presente y el porvenir: la del campesinado y su entorno agrario, frente a la celeridad del mundo urbano; la bandera de la descentralización del viejo régimen, en lugar del liberalismo económico en ciernes; la pervivencia de rancios valores y tradiciones, en contraposición a la secularización homogeneizadora del régimen burgués. Con negros presagios inició su andadura el régimen liberal.

Consolidación del nuevo orden liberal (1833-1874)
El reinado de Isabel II abarca el segundo tercio del siglo XIX, desde 1833 hasta la revolución de 1868, que obliga a la reina a salir del país en pos de una ‘España con honra’. Previamente, se estableció una etapa de minoridad y regencia de María Cristina y del general Baldomero Fernández Espartero, clausurada en 1843 al proclamarse oficialmente la mayoría de edad de la heredera del trono con apenas 13 años. Las notas más sobresalientes del legado político isabelino fueron el desmantelamiento de los fundamentos económicos y jurídicos del Antiguo Régimen, perfilado por los partidarios de la Constitución de 1812 o doceañistas (disolución del régimen señorial, desvinculaciones y proceso de desamortización), y la puesta en marcha de una revolución burguesa imperfecta, pero que provoca cambios cualitativos en la organización social (sociedad clasista) y política (constitucionalismo), las relaciones de producción (economía capitalista), y las estructuras mentales (utilitarismo y mentalidad burguesa entusiasta de la propiedad y el ahorro).

Comprobada la tibieza del Estatuto Real de 1834, la última Carta Otorgada de la monarquía española por la que la regente, en plena Guerra Carlista, decide desprenderse de algunas atribuciones, sucesivos textos constitucionales de talante moderado (Constitución de 1845) o progresista (Constitución de 1856), fijaron las reglas del juego político de esta etapa. Todos ellos coincidían en limitar el voto a los varones que reunieran determinados requisitos económicos o sociales (sufragio censitario), sin aceptar la participación popular en la vida pública ni resistirse a volcar en el articulado constitucional sus ideologías y programas políticos; de ahí la escasa vigencia y trasiego de estas normas fundamentales, al arbitrio de coyunturas políticas. Los roces entre los poderes militar y civil en la España isabelina fueron permanentes, con implicaciones de carácter personal y liderazgo político de insignes militares al frente de los principales partidos (Leopoldo O’Donnell, Ramón María Narváez, Baldomero Fernández Espartero), al igual que el contexto bélico y la sobreactuación del Ejército se convirtieron en componentes habituales del paisaje peninsular. Algo parecido ocurrió con la Iglesia, aferrada desde tiempos inmemoriales a sus amortizados patrimonios y privilegios (manos muertas), y cuyo pulso con el Estado a raíz de la desamortización de Juan Álvarez Mendizábal acabará en amistosa reconciliación plasmada en el Concordato de 1851, vigente hasta el franquismo.

Si exceptuamos el Bienio Progresista (1854-1856) y algunos tramos del periodo subsiguiente de gobierno de la Unión Liberal, el moderantismo es la ideología dominante en la monarquía isabelina, que encontró en la emblemática Década Moderada (1844-1854) sus más duraderas realizaciones. Sirvan de muestra, al margen de la histórica creación de la Guardia Civil, la centralización administrativa y jerarquización burocrática acometidas durante dicho periodo, de probada eficacia en connivencia con las oligarquías locales, y el centralismo asumido en la estructuración territorial del Estado, contrario al hecho diferencial y partidario del modelo uniforme. La confusión entre unidad y uniformidad fue un rasgo sustancial del liberalismo doctrinario decimonónico.

La sublevación gaditana desatada en septiembre de 1868, con el brigadier Juan Bautista Topete a la cabeza, en pocos días llevó al exilio a la reina en medio de una gran expectación e incertidumbre. Detrás de estos acontecimientos revolucionarios se vislumbraba la incidencia desarticuladora de la crisis financiera de la década de 1860, junto al desprestigio interno de un régimen favorecedor de las clases propietarias y el descrédito personal de la propia Isabel II. El mayor problema estribaba en que, bajo la Gloriosa (nombre con el que se conoce la revolución de 1868), se plantearon muy diferentes soluciones a los males de la patria. Mientras que el general Juan Prim, cerebro pensante del golpe militar y redactor del Manifiesto, defendía una monarquía democrática en la línea modernizadora occidental, para políticos de la talla del líder catalán Francisco Pi i Margall, la receta idónea era el republicanismo como nueva forma de gobierno. Similar divorcio interpretativo se detectaba entre la tendencia reaccionaria de las guarniciones militares más significativas, monárquicas pero no isabelinas, y la opinión mayoritaria de la población civil, que exigía transgredir ésta y otras barreras seculares.

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) presentó una cambiante morfología política, como acreditaron sus variados sistemas políticos: regencia de Francisco Serrano, monarquía democrática de Amadeo de Saboya y I República de tinte federal, unitario y presidencialista. Ahora bien, estas céleres transformaciones resultaban en buena medida superficiales, por cuanto pervivían hipotecas y numerosos rasgos de continuidad con la etapa anterior (aparato estatal, entramado socioeconómico), que explican a la postre el fracaso de este primer intento por consolidar un Estado democrático y de derecho en España. Ése era el objetivo de la Constitución de 1869, la primera en proclamar el sufragio universal masculino, la libertad de cultos pública y privada, y otros derechos fundamentales como los de reunión y asociación, claves para la formación del incipiente movimiento obrero en su vertiente política y sindical.

La renuncia irrevocable al trono de Amadeo I en febrero de 1873 supuso, en plena combustión política y con fundadas dudas sobre su legalidad constitucional, la paradoja histórica de que unas Cortes mayoritariamente monárquicas votaran, en un alarde de pragmatismo, la instauración de un régimen republicano. La meteórica experiencia de la I República, cuyo advenimiento transaccional provino de una negociación política, no consiguió traducir sus propuestas en una estabilidad parlamentaria, ni afianzar la España progresista soñada por una generación incapaz de traspasar el umbral de una revolución teórica. Por el contrario, la radicalización y el mesianismo revolucionario que ahogaron la fórmula federal contenida en el proyecto constitucional, cristalizaron en la revolución cantonal, un cóctel de frustraciones de índole regional, social y política. Las tropas del general Pavía dentro de las Cortes, en enero de 1874, se encargaron de poner el broche final a esta fugaz experiencia, a la vez que el pronunciamiento golpista del general Arsenio Martínez Campos en Sagunto (Valencia) unos meses después, disipó toda duda sobre el futuro próximo. Así se cierra esta página de la historia de España, donde la clase obrera comprendió que la burguesía nunca haría su revolución, y el regionalismo probó el sabor amargo tanto del centralismo como de la atomización cantonal.

El régimen oligárquico de la Restauración (1875-1923)
De la mano de Antonio Cánovas del Castillo, España retornó en 1875 a la forma de gobierno tradicional y a la dinastía borbónica con la figura de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Liquidada la tercera Guerra Carlista y obtenido el beneplácito internacional para la opción restauradora, las preocupaciones de los nuevos gobernantes se centraron en olvidar las turbulencias del Sexenio Revolucionario y redactar un texto constitucional ajustado a las necesidades del momento.

La Constitución conservadora de junio de 1876, la más sólida del panorama nacional al mantenerse en vigor hasta el golpe militar de 1923, regulaba una monarquía limitada en la cual la Corona se reservaba amplias prerrogativas merced al control del poder ejecutivo (nombramiento y cese del gobierno) y de la vida parlamentaria (disolución de las Cámaras, sanción y promulgación de las leyes). La defensa de la soberanía conjunta (Rey-Cortes), de la que Cánovas era su principal valedor, sintonizaba con la reeditada confesionalidad del Estado, la imprecisión a la hora de regular los derechos ciudadanos, pendientes por tanto del desarrollo normativo posterior, y un sinfín de calculados silencios, que hacían de la ambigüedad la clave de su dilatada vigencia. El bipartidismo de inspiración británica con conservadores y liberales turnándose en el poder, encontró en Cánovas y en Práxedes Mateo Sagasta a los carismáticos dirigentes de este sistema oligárquico y caciquil, que funcionó con escrupulosa regularidad hasta el nuevo siglo. La desaparición de ambos líderes y el fraccionamiento de sus respectivos partidos, víctimas de ambiciones y luchas intestinas, dieron al traste con este viciado aunque eficaz diseño político.

El aislamiento internacional de España durante la centuria decimonónica, absorta en la resolución de sus problemas domésticos, determinó en estos años canovistas una política exterior pragmática, ecléctica y refinadamente pesimista (“no tienen alianzas los que quieren, sino los que pueden”, en palabras del líder conservador). El recogimiento exterior resultaba forzoso para este atípico Estado colonialista, confiado en sus derechos históricos y carente en sus posesiones ultramarinas de la imprescindible presencia militar y fuerza efectiva, como pronto tuvo ocasión de comprobar.

El 98 español se inscribe dentro de la redistribución colonial internacional motivada por la expansión imperialista, con notas peculiares pues se trataba de una guerra con Estados Unidos cuyo epicentro estaba en Cuba, ante la que se inhibieron las potencias occidentales. La pérdida de los restos del viejo imperio de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), no exenta de enajenaciones y transferencias respecto a las islas Palau, Marianas y Carolinas en la lejana Micronesia, sumió al pueblo español en una profunda crisis al haberse planteado el resultado como una disyuntiva entre la victoria o el deshonor patrio. De ahí que este 98, el ‘Desastre’ por antonomasia, sea el único no aceptado del cúmulo de reveses que sufrieron en idéntica fecha países como Portugal o Francia, significativos de la potencialidad de los nuevos colosos internacionales y del eclipse latino.

El impacto de esta liquidación colonial en la sociedad española, al margen de las secuelas económicas derivadas de la supresión de mercados y el reajuste hacendístico, suscitó una profunda autocrítica sobre las causas y posibilidades de remedio de tantas flaquezas. El movimiento regeneracionista, que tuvo en Joaquín Costa a su figura más señera, mostró un talante positivo al esforzarse en adecuar la gobernación a lo gobernado y proponer, desde posiciones muy dispares, medidas para el saneamiento de España. Ahora bien, intramuros, los problemas estructurales resultaban difíciles de erradicar. En el terreno social, por el manifiesto fracaso del modelo armonizador propuesto para atajar el conflicto entre el capital y el trabajo, y en el plano ideológico, por el agotamiento del juego político de la Restauración; en definitiva, por el hundimiento de las principales señas de identidad del sistema.

Flanqueado el siglo XX, la subida al trono de Alfonso XIII en 1902 dio comienzo a un reinado donde iban a resultar fallidos los intentos de Antonio Maura y José Canalejas de desterrar el caciquismo y lograr la ansiada regeneración nacional. Acontecimientos como la Semana Trágica de 1909, que alió a los socialistas con los republicanos en contra del gobierno, o la interpretación de ataque frontal a la Iglesia y ruptura de relaciones con Roma a raíz de la Ley del Candado de 1910, evidenciaban la visceralidad con que todavía se abordaban algunos temas sin resolver y las aludidas interferencias de poderes, rasgo medular de la contemporaneidad española.

La coyuntura exterior, desde la gran guerra que desbarató la vida de los europeos, a los contratiempos marroquíes, cada vez más dolorosos para España, contribuyó a agravar el deterioro de la política nacional, con gabinetes de gestión y concentración que, a duras penas, capearon el temporal frente a una sociedad por momentos desencantada. La crisis de 1917, una compleja revolución militar, burguesa y proletaria que estuvo a punto de hacer saltar por los aires la monarquía alfonsina, concluyó con la cesión del poder civil ante las imposiciones militares. Las presiones de las Juntas de Defensa sobre un ejecutivo impotente, acarrearon una imparable militarización de la vida pública, agudizada por sucesos como el desastre de Annual de 1921. En medio del descontento generalizado, el desgaste de la Corona y la falta de credibilidad de las instituciones abrieron de nuevo la puerta a los golpistas ante la claudicación vergonzante del poder civil.

El pretorianismo del siglo XX: la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Frente a la interpretación tradicional del periodo comprendido entre 1923 y 1930 como un paréntesis en la historia de España, acogiéndose a las propias palabras del dictador, recientes investigaciones apuntan a que la balsa de aceite y el adormecimiento sólo constituían mera apariencia. La “letra a noventa días” con que Miguel Primo de Rivera se presentó al país, dispuesto en tan breve plazo de tiempo a restablecer el orden público y abandonar de inmediato la escena política, poco tenía que ver con la realidad. Se produjo, por el contrario, un sexenio de férreo control gubernamental, en el que se consumó el hundimiento definitivo de los viejos partidos dinásticos de la Restauración y fracasaron estrepitosamente los conatos reformistas de impronta monárquica (maurismo, mellismo).

La singular figura del capitán general de Cataluña, que accedió al poder manu militari cuando muchos creían que los pronunciamientos eran agua pasada, resultó controvertida y, salvo la fidelidad irreductible de Eduardo Aunós, la mayoría de sus biógrafos rechazan la imagen regeneracionista de ‘cirujano de hierro’ y salvador de España. Su escasa formación intelectual y demagogia popular quedaron patentes desde un principio, como denota el célebre ‘Manifiesto’ fechado el 12 de septiembre de 1923, inicio programático tanto de su pintoresca literatura como de su trayectoria al frente de los destinos de España. La anuencia regia al golpe, otorgó vía libre al primer gobierno exclusivamente militar de la historia de España, una experiencia que se prolongó hasta finales de 1925 y centró su mensaje en la recuperación del orden público y la firma de la paz exterior, aunque para ello se exigió un alto precio (disolución de las Cortes, suspensión del texto constitucional, proscripción del comunismo y el anarquismo, rechazo de la vieja política, la lucha de clases y el regionalismo, entre otras agresiones).

La victoria española en suelo marroquí tras el desembarco de Alhucemas, entre aplausos caseros e internacionales animó a clausurar el Directorio militar y sustituirlo por otro civil, extensible hasta la aceptación alfonsina de la dimisión del general en enero de 1930. De momento, lejos de retirarse en consonancia con la argüida provisionalidad, Primo de Rivera se afanó por institucionalizar el régimen dotándolo de tres pilares básicos: un partido político, amparado por el ejecutivo y beneficiario del aparato del Estado (la Unión Patriótica), unas Cortes incondicionales de matiz no decisorio (Asamblea Nacional Consultiva), y un tardío y deslavazado borrador constitucional de signo ultraconservador (proyecto de 1929). Durante este Directorio civil, personalidades como el mencionado Aunós o José Calvo Sotelo, responsables de los Ministerios de Trabajo y Hacienda, practicaron una política social corporativa para la que obtuvieron colaboración socialista en su dimensión política y sindical, y una política económica de signo intervencionista, censurada por desaprovechar estos años de coyuntura alcista. Con todo, algunas realizaciones novedosas, como la creación del monopolio fiscal de Campsa en contra del parecer de poderosos grupos de presión, resultaron más rentables a las arcas del Estado que las estimaciones de partida medianamente optimistas.

La inoperancia de unas instituciones prefabricadas, el descontento de cualificados sectores financieros que veían tambalear sus prerrogativas, la oposición estudiantil, y las discordias en la institución militar con motivo del conflicto artillero y la implantación del ascenso por designación en detrimento de la antigüedad, sumieron al régimen en el más absoluto desconcierto. La caída del dictador pronto arrastrará al rey y a la propia monarquía, herida de muerte por la aceptación en su día del levantamiento golpista y por su estrecha complicidad con un orden de talante autoritario y pseudodemocrático.

La II República y la Guerra Civil (1931-1939)
Los quince meses que transcurrieron entre enero de 1930 y abril de 1931, fecha de nacimiento de la II República, evidencian la ineficacia de los gobiernos de parcheo del general Dámaso Berenguer y del almirante Juan Bautista Aznar, incapaces de apuntalar la militarizada monarquía. En medio de crecientes críticas al régimen y a su cabeza visible, Alfonso XIII, el ensamblaje de fuerzas de la oposición gestado en el famoso Pacto de San Sebastián, junto al desgaste de imagen dentro y fuera de España motivado por desafortunados sucesos como los de Jaca y Cuatro Vientos, acabaron por descomponer el endeble panorama peninsular.

Así se comprende cómo unas simples elecciones municipales convocadas para el 12 de abril, desvirtuaron su sentido para convertirse en un auténtico plebiscito a favor o en contra de la monarquía alfonsina. El triunfo de las candidaturas republicanas en los principales núcleos de decisión (las ciudades) provocó la inminente expatriación del monarca y la proclamación ilusionada de la II República, sin ruido de sables ni derramamiento de sangre. Este advenimiento pacífico, al igual que la experiencia similar decimonónica, se contrapone a su cruento final marcado por tres años de enfrentamiento civil, el elevado precio del derribo de la legalidad republicana (la “muerte noble”, a que alude Edward Malefakis en comparación con sus homónimas europeas).

Dentro del periodo que comprende la clasificación convencional en dos epígrafes de contrastado signo (Bienio Reformista y Bienio Restaurador), más un agitado semestre frentepopulista que desembocaría en la guerra, descuella la etapa republicano-socialista de 1931 a 1933, empeñada en la ardua tarea de modernizar España. En este compromiso reformador se inserta la Constitución democrática aprobada en diciembre de 1931, un texto representativo de los avances jurídicos del momento, con especial sensibilidad hacia la cuestión social y los derechos de los ciudadanos, regulados de manera pormenorizada frente al laconismo habitual.

La reforma militar acometida por Manuel Azaña, tendente a racionalizar un Ejército anticuado e hipertrofiado; la controvertida reforma religiosa, ideada con la pretensión de regular al fin las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pero desde un apasionamiento anticlerical que confundía el laicismo con el cobro de facturas pendientes; la novedosa apuesta en la estructuración territorial por el Estado integral y autonómico, comprobadas las fisuras del centralismo y de la solución federal; o los conatos parciales de reforma agraria, un retoque superficial a la desequilibrada estructura de la propiedad de la tierra, son algunos ejemplos reseñables de la aludida vocación reformista y de las contradicciones inherentes a una “República democrática de trabajadores de toda clase”, como la bautizaron entre Francisco Largo Caballero y Niceto Alcalá Zamora.

La rebelión militar de julio de 1936 extendida desde Marruecos a la península, fruto de una conspiración en la que participaron José Sanjurjo, Emilio Mola, Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano, Galarza y otros oficiales, supuso el estallido de una Guerra Civil más larga de lo imaginado por los insurrectos, desbordados ante el cariz del choque bélico. La resistencia republicana, especialmente férrea en Madrid, Cataluña, Levante y algunos puntos del norte peninsular, trastocó los cálculos iniciales y obligó a los sublevados a cambiar el guión y convertir un clásico pronunciamiento en lo que ellos denominaron “cruzada del Glorioso Alzamiento Nacional, orientada a la reconstrucción espiritual de España frente a las hordas marxistas”.

La sociedad civil de ambos bandos sufrió los rigores de una guerra incomprendida, que los dividió en dos frentes irreconciliables. La desarticulación de la España republicana promovió ensayos de revolución social y política, al amparo de la socialización de los medios de producción, las colectivizaciones agrarias y el control obrero de la industria y la gestión de los servicios básicos. Por su parte, en el lado opuesto, la construcción del nuevo Estado, una simbiosis político-religiosa de difícil catalogación, ocupó los desvelos de la Junta de Defensa Nacional y de Franco en concreto, a quien disposiciones de 1938 y 1939 (30 de enero y 8 de agosto, respectivamente) designaron jefe del Estado, del gobierno, del partido único (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) y de las Fuerzas Armadas, con carácter vitalicio. La ayuda germana e italiana a las tropas franquistas, más importante que la soviética obtenida por Juan Negrín (en 1936 ministro de Finanzas del gobierno presidido por Largo Caballero) ante la negativa oficial a intervenir en la contienda de británicos y franceses —al margen de los miembros de las Brigadas Internacionales—, fue determinante de cara al resultado final del conflicto.

La victoria franquista, anunciada con solemnidad el 1 de abril de 1939, más que la paz inició una dura posguerra en un país arrasado y con un elevado balance de pérdidas humanas y materiales. La regresión económica, a tono con la involución de la estructura de la población activa hacia el sector agrario, irá acompañada de una política represiva, difícil de cicatrizar en la sociedad española.

El franquismo (1939-1975)
Durante casi cuatro décadas, las que median entre 1939 y 1975, España vivió bajo las órdenes del general Francisco Franco, carismático vencedor de la Guerra Civil. El triángulo de sustentación del 18 de julio: Ejército, Falange e Iglesia, con su reparto de papeles coactivo, ideológico y legitimador, cimentó un régimen autoritario y paternalista, capaz de adaptar los ingredientes totalitarios al contexto hispano. El caudillaje plenipotenciario de Franco condicionó por completo este diseño personal, al que se fueron añadiendo ciertas dosis de flexibilidad, a medida que la política internacional evolucionaba hacia una mayor tolerancia y posiciones antifascistas.

Bajo la coartada de la ‘democracia orgánica’ y en una clara operación de maquillaje, se fue fraguando la lenta institucionalización del régimen, que se dilató desde 1938 (fecha de aprobación del Fuero del Trabajo) hasta enero de 1967 cuando ve la luz la Ley Orgánica del Estado, ratificadora de su envoltura arcaica, confesional y carente de partidos políticos. En el trayecto quedan otras cinco Leyes Fundamentales, de rango similar y carácter dogmático u orgánico, con las que se pretende completar la ‘Constitución fragmentada’ del franquismo, si aceptamos el eufemismo al uso (Ley Constitutiva de las Cortes Españolas de 1942, Fuero de los Españoles y Ley del Referéndum Nacional de 1945, Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 y Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, de mayo de 1958, delimitadora de una monarquía tradicional, católica y social).

El desarrollo interno del franquismo admite una relajada disección al coincidir prácticamente sus hitos referenciales con los indicadores sociales, políticos y económicos que marcan el tránsito de una década a otra. Mientras los años de la década de 1940 se caracterizaron por la introspección y la autarquía, imprescindibles para alcanzar la pretendida autosuficiencia económica, prorrogada tras finalizar la II Guerra Mundial por desentendimiento con los vencedores, la década bisagra de 1950 presentó connotaciones muy diferentes. Tras el aislamiento exterior y la mal disimulada neutralidad y no beligerancia, en estos años centrales del siglo XX se consuma la inserción internacional y el afianzamiento peninsular del régimen, merced a la firma en 1953 de pactos económicos y militares con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, coetáneos en el ámbito interior al Plan de Estabilización y los primeros sondeos planificadores de la sociedad del bienestar.

La década de 1960, tan impactante en todo el mundo, significó para España la consecución de un desarrollo económico sin precedentes, no exento de desequilibrios sectoriales y regionales, así como un giro tecnocrático en la vida política, que mostró síntomas de apertura y adaptación. Las migraciones de uno y otro signo que surcaron la geografía nacional con sus secuelas demográficas y especulativas, las transformaciones socioeconómicas y las consignas del exterior impulsaron, con el beneplácito de la nueva clase dirigente, el adiós al anquilosamiento político. Al igual que había sucedido en 1956, pero con mayor intensidad y carga ideológica, la agitación estudiantil y la conflictividad obrera patentizaban, desde otro ángulo de análisis, la necesidad de cambios profundos.

La confluencia en la década de 1970 de factores negativos para el régimen de muy variopinta procedencia (crisis energética, huelgas y oposición antifranquista, terrorismo, problemas saharianos), acabó por descomponer un orden obsesionado con su permanencia. La larga agonía del general Franco, fallecido en noviembre de 1975, simbolizó el agotamiento del sistema, mientras el pueblo se interrogaba sobre la capacidad de supervivencia del franquismo sin su principal hacedor.

La monarquía democrática de Juan Carlos I (1975- )
Muerto Franco y ante la sorpresa internacional, España experimentó el tránsito, atípico en la forma y en el fondo, de un régimen autoritario a una monarquía democrática desde la legalidad corporativa franquista. Autodisueltas las viejas Cortes y encauzada por el monarca la nueva situación, comenzó su andadura la transición política, un largo y complejo periodo donde se conjugaron circunstancias favorables ni siquiera barajadas por sus protagonistas. Esta combinación de preparación y suerte, maquinación y casualidad permitió, precisamente desde el respeto a la legalidad, romper la legitimidad anterior y sacar adelante el complicado reajuste político.

La vía elegida para tal fin fue la reforma, en lugar de otras más radicales (ruptura, revolución), máxime al constatar la tupida red de intereses ligados al pasado régimen y los esfuerzos necesarios para materializar sin violencias la alentadora promesa de Juan Carlos I de ser “rey de todos los españoles”. En el verano de 1976, la designación de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en sustitución de Carlos Arias Navarro, facilitó la puesta en marcha de un proyecto pactado de reforma política que, en un año escaso y con la estimable ayuda de Torcuato Fernández-Miranda, desembocará en elecciones generales, una práctica olvidada en este país desde la etapa republicana.

El texto constitucional promulgado en diciembre de 1978, fruto del consenso de la pluralidad de fuerzas políticas, define a España como un Estado de derecho, democrático y social. A este tercer intento democratizador contemporáneo no le faltaron problemas: los sectores reacios al cambio se escandalizaron con ‘provocaciones’ como la legalización del Partido Comunista, la reforma autonómica, la conflictividad social, la laicización y la crisis económica. El intento golpista del 23 de febrero de 1981 así lo demuestra, al igual que la inutilidad jurídica de pretender justificar actos como éste apelando al ‘estado de necesidad’.

La victoria socialista obtenida en las elecciones de 1982 por mayoría absoluta, con un programa capaz de atraer a diez millones de votantes, simbolizó la reconciliación nacional y la normalización de la vida pública. El liderazgo ejercido por Felipe González, presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por espacio de trece años, se correspondió con una declarada vocación europeísta y un empeño modernizador difícil de negar. Sin embargo, la escalada de la corrupción, el incremento del desempleo, los titubeos en la redistribución de recursos y la crisis ideológica que atenazaba al pensamiento occidental en esos últimos años defraudaron muchas esperanzas.

En las elecciones generales de marzo de 1996, el Partido Popular (PP) se hizo con las riendas del gobierno por un estrecho margen de votos, lo que le condujo a pactar con los nacionalistas vascos y catalanes. Esto entraña una seria dificultad para el PP a la hora de llevar a la práctica el programa de gobierno propuesto durante la campaña electoral. La alternancia democrática está garantizada, pero los retos que tenía por delante el gobierno de José María Aznar, en especial el cumplimiento de los acuerdos de Maastricht y la convergencia con Europa, exigen más que buenas intenciones.

Para lograrlo, el Partido Popular adoptó unas medidas de austeridad y recorte presupuestario, dentro del marco de una importante reforma económica y laboral, para tratar también así de solventar el problema del desempleo, llegando a un acuerdo con los agentes sociales (empresarios y sindicatos). Al mismo tiempo, el gobierno de Aznar tuvo que hacer frente a la violencia de ETA y de los miembros de Jarrai (las juventudes de la Koordinadora Abertzale Sozialista, en la que también se integra ETA), así como al esclarecimiento de los atentados perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) llevados a cabo contra militantes etarras entre 1983 y 1987.

La conjunción de una serie de factores —tales como la eficacia policial, el aumento del rechazo por parte de la ciudadanía hacia la persistencia de atentados, la constatación entre sus miembros de que la vía seguida en Irlanda del Norte era una opción plausible para poner fin al conflicto— hicieron que la organización terrorista decretara, en septiembre de 1998, un alto el fuego indefinido, ratificado en varios comunicados emitidos en los últimos meses de 1998 y los primeros de 1999. No obstante, el 28 de noviembre de ese último año, ETA puso fin a dicho alto el fuego, demostrando así que su intención no había sido otra que profundizar en lo que los terroristas denominaban “proceso de construcción nacional” vasco. En enero de 2000, la organización reanudó la comisión de atentados.

Con una participación del 69,98%; el PP obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas celebradas el 12 de marzo de 2000, al lograr el 44,54% de los votos emitidos para renovar el Congreso de los Diputados y 183 escaños (y 127 senadores). El PSOE perdió 16 actas de diputados respecto a los comicios anteriores y se quedó con un 34,08% de votos y 125 escaños (y 61 senadores). Convergència i Unió (CiU) se convirtió en la tercera formación política en número de escaños (15 diputados y 8 senadores) e Izquierda Unida (IU) tan sólo obtuvo el 5,46% y 8 actas de diputado (y ningún senador).

El 1 de enero de 2002 marcó la fecha de la entrada en circulación del euro en España. Culminaba así uno de los pilares básicos del proceso de integración económica europea, en torno al cual se había vertebrado, igualmente, la política exterior española de los años anteriores. Por lo que respecta a este aspecto internacional, el segundo periodo presidencial de Aznar estuvo marcado por otros dos referentes fundamentales: el proceso de negociaciones abierto con el Reino Unido acerca de Gibraltar, y el progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas con Marruecos como consecuencia de toda una serie de factores de desencuentro que culminaron en la denominada crisis de Perejil (este islote deshabitado, llamado Leïla por los marroquíes y situado a pocos metros de sus costas, fue ocupado el 11 de julio de 2002 por efectivos militares de este país, cuyo gobierno puso así en discusión la soberanía española sobre el territorio; durante ese mismo mes, fueron desalojados por tropas españolas que permanecieron durante unos días en el islote).

Decidido a completar su programa en esta segunda etapa, Aznar promovió desde el ejecutivo numerosas iniciativas legislativas (Plan Hidrológico Nacional, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley de Sanidad, reforma del Código Penal). Muchas fueron criticadas por el principal partido de la oposición, el PSOE, con cuyo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo Aznar serias diferencias. Éstas alcanzaron sus máximas cotas con motivo del desastre del Prestige (noviembre de 2002) y por el significado alineamiento de Aznar junto al gobierno estadounidense de George W. Bush durante la crisis de Irak (finales de 2002 e inicios de 2003). Sus posiciones estuvieron mucho más próximas, en cambio, en materia antiterrorista; así, el Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PSOE, el PP y el gobierno en diciembre de 2000, sirvió de marco para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos.

El 11 de marzo de 2004, varias bombas explotaron en diversos trenes de las líneas ferroviarias de cercanías de Madrid, causando la muerte de más de 190 personas y más de 1.700 heridos. Las investigaciones policiales no tardaron en descubrir que aquellos atentados terroristas del 11-M habían sido perpetrados por terroristas islamistas. En las elecciones generales que tuvieron lugar tres días después de este trágico suceso, el PP, que obtuvo 148 diputados, fue derrotado por el PSOE (164 actas en el nuevo Congreso). Las siguientes formaciones más votadas fueron Convergència i Unió (10), Esquerra Republicana de Catalunya (8), el Partido Nacionalista Vasco (7) e Izquierda Unida (5). Estos resultados permitieron a los socialistas formar un nuevo gobierno, presidido por Rodríguez Zapatero. Poco después, el 13 de junio, el PSOE volvió a vencer en las urnas, esta vez en las elecciones al Parlamento Europeo. El 22 de mayo de ese mismo año, entre la celebración de ambos comicios, Felipe de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias y heredero de la corona española, contrajo matrimonio con Letizia Ortiz Rocasolano. En un referéndum celebrado el 20 de febrero de 2005, algo más del 76% de los votantes dio su aprobación al proyecto de Tratado para el establecimiento de una Constitución para Europa.

En marzo de 2006, la organización terrorista ETA anunció, por primera vez, un “alto el fuego permanente”.

Jefes de Estado de España

NOMBRE	REINADO
Casa de Austria
Carlos I	1516-1556
Felipe II	1556-1598
Felipe III	1598-1621
Felipe IV	1621-1665
Mariana de Austria1	1665-1675
Carlos II	1665-1700
Casa de Borbón
Felipe V	1700-1724
Luis I	1724
Felipe V	1724-1746
Fernando VI	1746-1759
Carlos III	1759-1788
Carlos IV	1788-1808
Fernando VII	1808-1833
José I2	1808-1813
María Cristina de Borbón1	1833-1840
Baldomero F. Espartero1	1840-1843
Joaquín María López3	1843
Isabel II	1833-1868
Francisco Serrano, duque de la Torre1	1869-1871
Casa de Saboya
Amadeo I	1870-1873
I República
Estanislao Figueras	1873
Francisco Pi i Margall	1873
Nicolás Salmerón	1873
Emilio Castelar	1873
Francisco Serrano, duque de la Torre	1874
Antonio Cánovas del Castillo3	1874-1875
Restauración Borbónica
Alfonso XII	1875-1885
María Cristina de Habsburgo-Lorena1	1885-1902
Alfonso XIII	1886-1931
II República
Niceto Alcalá Zamora	1931-1936
Diego Martínez Barrio	1936
Manuel Azaña Díaz	1936-1939
Diego Martínez Barrio	1939
Junta de Defensa Nacional y jefatura del Estado
Miguel Cabanellas Ferrer	1936
Francisco Franco Bahamonde	1936-1975
Segunda restauración Borbónica
Juan Carlos I	1975-
1 Regente 2 Rey impuesto por los franceses durante la guerra de la Independencia 3 Ministerio-regencia