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Historia política

En 1830, tras la separación de Venezuela de la Gran Colombia, se acuerda la constitución del Ecuador como república independiente. El primer presidente de la nueva república fue el general Juan José Flores, héroe de las guerras de independencia y representante de la clase conservadora y aristocrática de Quito. En 1833 estalló una guerra civil entre los conservadores de Quito y los liberales de Guayaquil, el primero de una larga serie de enfrentamientos entre las dos facciones que tuvieron como consecuencia la toma del poder por tres destacados dictadores de la historia ecuatoriana: Juan José Flores, Gabriel García Moreno —dirigente del Partido Conservador— y Eloy Alfaro, del Partido Liberal Radical.

En medio de la lucha que sostuvieron los tres por el poder, se sitúa el periodo de presidencia del general José María Urbina, quien abolió la esclavitud en 1853. El presidente Alfaro, durante su segundo periodo de gobierno (1906-1911), introdujo una nueva Constitución de carácter liberal, dio un impulso muy importante a la construcción y desarrollo del ferrocarril, y estableció la enseñanza laica y gratuita. Alfaro fue depuesto y asesinado en 1912, y Leónidas Plaza accedió a un segundo mandato presidencial consolidando la hegemonía de la llamada “plutocracia liberal”. La economía de exportación se expandió y concluyó la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito.

Ecuador apoyó a Estados Unidos en la II Guerra Mundial contra las potencias del Eje. En el desarrollo político interno, el final de la guerra coincidió con el declive de la influencia liberal. En 1944, el presidente liberal Carlos Alberto Arroyo del Río, antiguo presidente del Congreso Nacional, renunció al cargo como consecuencia de un movimiento revolucionario encabezado por el ex-presidente José María Velasco Ibarra, que había gobernado el país entre 1934 y 1935, y que en esta ocasión recibió el apoyo de la facción conservadora. El 31 de diciembre de 1945 se promulgó una nueva Constitución que se mantuvo en vigor hasta 1967.

En 1947 Velasco Ibarra fue depuesto de su segundo mandato por un grupo militar que fue apartado del poder por el movimiento revolucionario que instaló a Carlos Julio Arosemena Tola como presidente provisional. En 1948, Galo Plaza Lasso, antiguo embajador en Estados Unidos, fue elegido presidente. A principios de aquel año, Ecuador había acudido a la IX Conferencia Interamericana celebrada en la ciudad colombiana de Bogotá para firmar la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En 1941, y ante lo que las autoridades peruanas consideraron como constantes agresiones por parte de Ecuador a lo largo del año anterior, tropas peruanas ocuparon la provincia limítrofe de El Oro. Con el objeto de poner fin a esta situación, en 1942 se procedió a la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites entre Perú y Ecuador, celebrado en Río de Janeiro y garantizado por Brasil, Chile, Estados Unidos de América y Argentina. Pese a la firma del acuerdo, las sucesivas autoridades ecuatorianas sostuvieron que en 1942 su país se había visto obligado a adjudicar a Perú más territorio que la zona en disputa, motivo por el cual en 1960, Ecuador desconoció en forma unilateral el Tratado de 1942.

Inestabilidad política
Velasco Ibarra fue elegido presidente por tercera vez en 1952 y permaneció en el poder hasta 1956. En las elecciones presidenciales de aquel año, el candidato conservador Camilo Ponce Enríquez obtuvo la victoria por estrecho margen sobre el candidato liberal. Velasco Ibarra volvió a presentarse como candidato independiente en las elecciones de 1960; severamente crítico con la política económica conservadora del gobierno de Ponce, prometió grandes reformas y en junio fue elegido presidente por amplio margen. Sin embargo, al carecer de un programa definido, no permanecería mucho tiempo en el gobierno, ya que fue obligado a renunciar en noviembre de 1961. Muy poco antes había firmado el acuerdo de la Alianza para el Progreso, por el que se garantizaba la ayuda estadounidense a los firmantes del documento por un periodo de 10 años.

El sucesor de Velasco Ibarra, el vicepresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, también detentaría durante muy poco tiempo la jefatura de gobierno, pues fue derrocado en julio de 1963 por una Junta militar que llevó a cabo una serie de reformas económicas y sociales por decreto, entre las que se encontraba la reforma agraria. En 1964, la Junta esbozó también un plan nacional de desarrollo que abarcaría un decenio y que fue presentado a la comisión de la Alianza para el Progreso para poder recibir préstamos y financiación para los proyectos de desarrollo planificados. Muy pronto, sin embargo, se enfrentó a las progresivas exigencias de retorno a la legalidad constitucional y, tras dos semanas de disturbios callejeros, en julio de 1965 se acordó nombrar un gabinete más aceptable para la oposición. Pero el malestar político continuó: en marzo de 1966, una violenta manifestación antigubernamental, que provocó una dura represalia, desencadenó la agitación política en todo el país y la Junta fue derrocada.

Fue nombrado un gobierno provisional hasta noviembre de 1966, fecha en la que una nueva Asamblea Constituyente nombró presidente interino a Otto Arosemena. Su gobierno sobrevivió a una generalizada oposición inicial y en mayo de 1967 se promulgó una nueva Constitución. En junio de 1968, Velasco Ibarra fue una vez más el ganador en las primeras elecciones bajo la nueva Carta Magna, pero su quinto mandato no fue más afortunado que los anteriores. Asumió poderes dictatoriales en 1970 con el fin de contrarrestar el menguante apoyo a su gobierno; en febrero de 1972 fue derrocado una vez más por un golpe militar, cuyo principal dirigente, el general Guillermo Rodríguez Lara, comandante en jefe del Ejército, asumió el poder como presidente.

Etapa de prosperidad
Entre las primeras actuaciones del nuevo gobierno estaba el anuncio de un plan económico quinquenal, que debía aplicarse en la agricultura, la vivienda y la industria. En agosto de 1972 se efectuaron las primeras exportaciones petrolíferas de los nuevos yacimientos que estaban siendo explotados por empresas estadounidenses. Ecuador pronto se convirtió en el segundo país exportador de petróleo de América Latina, después de Venezuela. El petróleo proporcionó ingresos de divisas y fondos para la inversión, muy necesarios para el país, pero también disparó la inflación y ensanchó la brecha entre los ricos y los pobres.

El general Rodríguez Lara fue sustituido en 1976 por el almirante Alfredo Poveda Burbano, que asumió el gobierno como presidente de una Junta militar compuesta por los jefes de las tres Fuerzas Armadas. En los años siguientes descendió ligeramente la presión inflacionista. En 1978 se celebró un referéndum para aprobar una nueva Constitución que iría acompañada de una posterior convocatoria de elecciones presidenciales, las cuales se celebraron en abril de 1979; a finales de año Jaime Roldós Aguilera asumió la presidencia, entrando en vigor la nueva Constitución. Un nuevo conflicto limítrofe surgió en la frontera con Perú, pero se cerró en 1981 después del arbitraje internacional. Poco tiempo después, Roldós moría en un accidente de aviación y el vicepresidente Osvaldo Hurtado Larrea se hizo cargo del ejecutivo. En mayo de 1984, el hombre de negocios y candidato conservador León Febres Cordero le sucedió; su gobierno sofocó varios intentos de rebelión militar, el más importante de los cuales se produjo en enero de 1987, cuando fue secuestrado durante unas horas por un grupo de militares. Rodrigo Borja, del partido Izquierda Democrática, ocupó la presidencia en un momento de grave crisis económica. En 1992 le sucedió Sixto Durán Ballén, nacido y educado en Estados Unidos. Su mandato estuvo dominado por la contestación a la política económica de su gobierno, que provocó una huelga general en junio de 1994, y por el conflicto fronterizo con Perú.

Crisis política
El 19 de mayo de 1996 tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales convocadas para sustituir a Durán Ballén. El nuevo presidente, Abdalá Bucaram, elegido por una mayoría aplastante en la segunda vuelta —venció en 20 de las 21 provincias del país—, tomó posesión el 10 de agosto.

Bucaram, elegido fundamentalmente con el apoyo de las clases populares ecuatorianas y prometiendo incrementar el presupuesto nacional en lo que a gastos sociales se refiere, desarrolló sin embargo una política presupuestaria austera, que preveía grandes recortes a las subvenciones concedidas hasta ese momento en sectores clave de la economía nacional —electricidad, gas, gasolina y red telefónica. Todo ello, unido al gran número de excentricidades que cometía (era conocido como “el Loco”), provocó las movilizaciones y protestas que llevaron a que el Congreso Nacional aprobara en febrero de 1997 su destitución por “incapacidad mental”. En su lugar fue nombrado Fabián Alarcón, presidente del Congreso Nacional en ese momento. Tal resolución no fue aceptada por Bucaram, que la consideró un golpe de Estado. En medio de esa situación, la vicepresidenta del país, Rosalía Arteaga, agravó la crisis al autoproclamarse presidenta del Ecuador. El Ejército intervino forzando un acuerdo que pusiera fin a la situación de interinidad. Finalmente, y tras largas conversaciones y acuerdos pactados e incumplidos, el Congreso presionó a Arteaga para retirarse y votó a favor del nombramiento de Alarcón como presidente interino.

La crisis quedó cerrada el 25 de mayo de 1997, cuando los ciudadanos ecuatorianos aprobaron en referéndum de forma mayoritaria (74%) la decisión tomada por el Congreso Nacional de cesar en el cargo a Bucaram y sustituirlo por su presidente Fabián Alarcón.

Con el fin de finalizar con la situación de caos reinante, en noviembre de 1997 se celebraron elecciones legislativas, caracterizadas por el elevado índice de abstención y la victoria de los socialcristianos de la Democracia Popular.

Tras abrirse el proceso de reforma y transición políticas encauzadas por Alarcón, entre los meses de mayo y julio de 1998 se llevaron a cabo elecciones presidenciales, en las que partían como favoritos Jamil Mahuad (candidato de la Democracia Popular) y Álvaro Noboa (por el Partido Roldosista Ecuatoriano). El primero de ellos, hasta ese momento alcalde de la ciudad de Quito, fue el vencedor en los comicios, al obtener el 51,27% de los votos, un 2,55% por encima de Noboa, que logró el 48,72%. La abstención rondó el 30 por ciento.

La Democracia Popular se convirtió, de ese modo, en la primera fuerza política ecuatoriana que lograba situar por segunda vez a uno de sus miembros en la presidencia de la República desde el retorno a la democracia en 1979.

Mahuad, que tomó posesión del cargo el 10 de agosto, tuvo que enfrentarse a una grave situación de crisis económica, política y social. Sus proyectos de reforma y ajuste de la economía ecuatoriana se encontraron con el firme rechazo de gran parte de la ciudadanía y las fuerzas políticas y sindicales, contrarias a la liberalización y desregulación emprendidas por el nuevo presidente. Las tres huelgas generales convocadas, respectivamente, en octubre de 1998 y febrero y marzo de 1999, a las que habría que añadir los permanentes conflictos sectoriales que se sucedieron entre medias, provocaron varios muertos y representaron un duro revés para el mandatario, que optó por la militarización de buena parte de los sectores económicos del país.

La resolución definitiva del conflicto fronterizo con Perú en mayo de ese año permitió, en cierta medida, contrarrestar el creciente malestar social, si bien algunos sectores en el interior del país se opusieron al mismo, por estimar que era Ecuador quien más cedía.

Debido a la profunda crisis económica que desde diciembre de 1999 había provocado una fuerte agitación social, Mahuad propuso al Banco Central del Ecuador que adoptara el dólar estadounidense como moneda oficial del país. Dicha entidad bancaria aprobó el 11 de enero de 2000 esa medida. Nueve días después comenzaron a llegar a Quito miles de indígenas para exigir la dimisión de Mahuad y la disolución del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia. El levantamiento, promovido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), asaltó el 21 de enero los edificios del Congreso, de la Corte Suprema y del Tribunal de Cuentas, al tiempo que un grupo de militares se unía a la sublevación poco antes de que Mahuad huyera del palacio presidencial.

Tras la creación de una junta de salvación nacional, encabezada por el coronel Lucio Gutiérrez (que formó un triunvirato integrado por el presidente de la CONAIE, Antonio Vargas; el general, jefe del Ejército y ministro de Defensa interino, Carlos Mendoza; y el ex presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano), la cúpula militar decidió nombrar presidente de la República al hasta entonces vicepresidente, el independiente Gustavo Noboa. Al día siguiente, el Congreso ratificó la designación aplicando el artículo constitucional en el que el presidente puede ser sustituido por su vicepresidente “por abandono del cargo”. Vargas se opuso a esa medida y amenazó con nuevas movilizaciones, y el coronel Gutiérrez fue detenido.

A finales de febrero, el Congreso aprobó la ley de dolarización, que comenzó a ser aplicada el 13 de marzo y culminó el 10 de septiembre de 2000 con la definitiva sustitución del sucre por el dólar estadounidense. Nuevas medidas económicas adoptadas por el gobierno de Noboa desde diciembre de ese mismo año provocaron un intenso movimiento de protestas de los indígenas. Miles de ellos se concentraron en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, y el 2 de febrero de 2001 fue decretado el estado de emergencia. Esta situación finalizó cinco días después, cuando Noboa y Vargas alcanzaron un acuerdo que contemplaba cierta reducción del precio del gas doméstico, la congelación del del combustible y la revisión del de los transportes públicos. Asimismo, fue suspendido el estado de emergencia y se liberó a los indígenas detenidos.

El 20 de octubre de 2002 tuvo lugar una nueva cita con las urnas, de la cual habría de emanar el que sería presidente del país hasta 2007. La candidatura más votada fue la del ex coronel Lucio Gutiérrez, el cual, presentado por la alianza de la Sociedad Patriótica 21 de Enero (SP21) y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP), y contando con el apoyo de diversas organizaciones indigenistas y de izquierda, recibió el 20,3% de los sufragios emitidos. Le siguió el empresario Álvaro Noboa, candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), que obtuvo el 17,4%. Ambos concurrirían a una segunda vuelta el 24 de noviembre, de la que quedaron excluidos los otros nueve aspirantes (entre ellos, el socialista León Roldós; el ex presidente Rodrigo Borja, de Izquierda Democrática; Xavier Neira, del Partido Social Cristiano; y Jacobo Bucaram, hermano de Abdalá Bucaram, del Partido Roldosista). En esa segunda ronda, Gutiérrez logró el 54,3% de los votos, convirtiéndose en presidente electo (su toma de posesión se produjo el 15 de enero de 2003).

La coalición gubernamental de izquierdas formada por Gutiérrez no duró mucho, ya que los diferentes puntos de vista en materia de política social y económica de sus integrantes hicieron que, entre julio y agosto de 2003, abandonaran el ejecutivo el Movimiento Popular Democrático, y Pachakutik. Posteriormente, la inestabilidad política y la crispación social irían en aumento. La situación alcanzó una especial gravedad en abril de 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia acordó anular los procesos por corrupción contra los ex presidentes Bucaram y Noboa, quienes pudieron así regresar a Ecuador. Tal circunstancia había estado precedida por una polémica actuación presidencial, en diciembre de 2004, renovando a buena parte de los magistrados de las más altas instancias judiciales del país (entre ellas, la citada Corte Suprema); sobre Gutiérrez recayó entonces la sospecha generalizada de que tal disposición habría estado dirigida a garantizarse la afinidad de los miembros de los principales tribunales y, gracias al fallo del más alto de ellos, exculpando a Bucaram y Noboa, el respaldo de los partidos de ambos, lo que le permitiría solventar el cada vez mayor aislamiento político en que se encontraba. La oposición convocó una huelga general y las calles no tardaron en convertirse en escenario de numerosas protestas y manifestaciones populares que exigían la renuncia presidencial. Finalmente, el día 20 de ese mes de abril de 2005, el Congreso destituyó “por abandono del cargo” a Gutiérrez, quien, ante la gravedad de la revuelta, se había tenido que refugiar en la embajada brasileña. La jefatura del Estado pasó entonces a ser desempeñada por el hasta entonces vicepresidente, Alfredo Palacio.

Nuevos conflictos surgieron en marzo de 2006, cuando las organizaciones indígenas (como la CONAIE) multiplicaron sus protestas contra la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ante los desórdenes y disturbios acaecidos, Palacio tuvo incluso que decretar el estado de excepción en algunas de las provincias más afectadas por las movilizaciones.

Última revisión: Abril 2006

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